Tras varios encunetros, esperan conformarse como interlocutores con la CHG para que den una solución «a los 20 hectómetros cúbicos que quedarían por resolver»
Un grupo de regantes cuyos pozos están pendientes desde hace una década de resolución en la zona del Alto Guadiana celebrarán este miércoles una reunión en Villarrubia de los Ojos, con el objetivo de cerrar la constitución de una asociación para reivindicar de manera conjunta a las administraciones una solución.
Un día después de que el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, apostara por la reedición del Consorcio Especial del Alto Guadiana, para abordar la legalización de los alrededor de 1.600 pozos de las explotaciones prioritarias pendientes, los regantes no ven como solución más factible la compra de derechos entre particulares.
Así lo ha dicho a este diario Abel Alcolea, un agricultor de Pedro Muñoz afectado, quien ha explicado que el objetivo es organizarse en una sola voz reivindicativa, por lo que están convocados a la reunión los solicitantes de concesiones de pozos de riego de explotaciones prioritarias o quienes lo hicieron como agricultor profesional.
“Queremos que nos den una solución a los 20 hectómetros cúbicos que quedarían por resolver porque así no podemos seguir”, ha señalado en declaraciones a lanzadigital, tras recordar el histórico del problema.
En noviembre de 2008 el Ministerio de Agricultura se comprometió a comprar en una oferta pública de derechos hasta 40 hectómetros cúbicos de agua a particulares para regularizar los 2.600 pozos ilegales que se habían abierto en el entorno del antiguo acuífero 23.
Pero la inversión solo dio para la adquisición de 14,5 hm3 y para la regularización de los pozos de leñosos, mientras que los de explotaciones prioritarias quedaron pendientes. Hasta hoy.
Alcolea cree que “con voluntad” la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que es la entidad que a su juicio tiene que resolver el problema, podría activar otra compra de derechos o autorizar una derivación de agua de los 20 hm3 pendientes de oficializar.
Al parecer, están esperando un encuentro en marzo entre autoridades regionales y del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), que van a explorar algunas propuestas para finalizar el conflicto.
“Lo que queremos es poder dormir tranquilos, que podamos instalar caudalímetros y que tengamos nuestras dotaciones para poder autocontrolarnos”, ha sostenido Alcolea.
Tres vías
Los regantes afectados también han valorado las tres vías de solución que en una reunión anterior para la constitución de la asociación les puso sobre la mesa el propio presidente de la CHG, Samuel Moraleda.
“La primera es la compraventa de derechos entre particulares, prevista en la Disposición Adicional 14ª de la Ley de Aguas, con un peaje del 10% de la concesión”, y la segunda se centra en la posibilidad “de ampliar la superficie de leñoso, en el caso de tener ya una parte del pozo legalizado, también con un peaje del 10%”, tal y como como recoge el artículo 27.4 del plan de demarcación de cuenca.
Por su parte, la tercera propuesta es que dichos peajes se concentrarán en un centro de intercambio de derechos, que se cederá por parte de la CHG a la Junta de Comunidades para que puedan ir regularizando algunas situaciones.
Para Alcolea, esta opción es “imposible”, ya que “tendríamos que vender el 100% de los 200 hm3 de dotación actuales”.
Alcolea espera que la asociación sirva de interlocutora con la CHG, para que ésta pueda “cerrar de una vez por todas los expedientes”.
